En un comunicado, han expresado su "malestar y profunda indignación" por la publicación de este decreto "tan duro" y han exigido que se "retire o se corrija" por la repercusión que tendrá en la vida de la persona con discapacidad y en sus organizaciones de ayuda y voluntariado.

 

Según El mercantil valenciano, la Conselleria de Bienestar Social ha asegurado que remitió el borrador del proyecto de "Decreto por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales" a dieciocho entidades, a las que se invitó a participar para que pudieran aportar las alegaciones que considerasen oportunas.

 

Entre esas entidades estaban el CERMI y fueron cinco las que plantearon alegaciones. De ellas, según la Conselleria, solo dos eran entidades del sector de la discapacidad y solo una de esas alegaciones hacía referencia al copago, y se refería exclusivamente a la fórmula de gestión del mismo.

 

Desde la Conselleria se contestó a cada una de esas alegaciones, añaden las fuentes, que insisten en que mantiene su voluntad de diálogo con los colectivos, "como hasta ahora", y garantiza que ningún usuario quedará desatendido por falta de recursos económicos.

 

Bienestar Social asegura haber trabajado para calcular las aportaciones de las personas atendidas con el objetivo de garantizar que éstas sean acordes a la capacidad económica individual.

 

Sin embargo, desde el CERMI se ha recriminado que en el preámbulo se "confunda implícitamente" a las personas con discapacidad con las de la tercera edad en situación de dependencia porque, a su juicio, no tienen las mismas necesidades y por tanto, "las leyes y los servicios deben tener esto en cuenta a la hora de fijar normas y apoyos".

 

En su opinión, hay artículos que "contradicen" el Código Civil Español, como el que dice que el tutor puede tener obligación de realizar el copago de la personas con discapacidad.

 

"El Código Civil prevé lo contrario, que el ejercicio de la tutela, que es siempre del voluntariado, pueda detraer un porcentaje económico con la autorización del juez, para pagar el gasto o sustento del tutor", han explicado.

 

"¿Quién va aceptar ser tutor de una persona con discapacidad, o con enfermedad mental, si a parte de la responsabilidad civil invigilando hay que añadir una responsabilidad patrimonial del tutor? ¿Quiere la Generalitat acabar con los tutores, o controlar el dinero de todos los tutelados y no cuidar de ellos?", se han preguntado.

 

El decreto es "tan duro" que aquellos con ingresos que apenas superen los 500 euros y están en una residencia, se les puede cobrar hasta el 90 %, lo que les deja unos 130 euros, ha explicado el CERMI, quien ha recordado que esta norma llega tras una rebaja del 15 % en la subvenciones a todos los servicios.

 

El CERMI CV también ha criticado que se incluya la sanción a la persona con discapacidad y se ha preguntado "cómo se pueda expulsar a una personas con enfermedad mental o a una persona con discapacidad, dejándola desasistida, si un tercero no cumple la obligación del copago".

 

Las personas con discapacidad han recriminado que "bajo el nombre de copago, se pone un tributo encubierto para incautar todos los ingresos que una persona con discapacidad puede aportar a familias en situación de emergencia económica" y "no se permite a la persona con discapacidad ser solidaria con aquellos que se han sacrificado por ella".

 

El CERMI CV "no es contrario" de un cierto copago de las personas que tienen unos ingresos importantes y que normalmente no requieren sus servicios pero consideran que el decreto se "ceba cruelmente con los más débiles y con los de menores ingresos económicos".

 

La organización rechaza el argumento de la Administración autonómica de que la normativa llega del Gobierno porque las competencias en servicios sociales "están totalmente transferidos", porque el decreto estatal "es menos duro" y porque consideran que "el copago a los más débiles no va a sacar de la crisis ni a la Comunitat ni al país".

 

Desde Bienestar Social se asegura que la Generalitat ha aprobado este decreto en cumplimiento del acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y con la finalidad de evitar un tratamiento económico desigual e injustificado entre personas que reciben idénticos servicios públicos.